En noviembre, los votantes de Providence decidirán sobre una medida en la boleta para desinvertir los fondos de la ciudad de países extranjeros involucrados en graves violaciones de derechos humanos, con un enfoque principal en Israel. La ordenanza propuesta exige la desinversión de bonos israelíes y empresas consideradas cómplices en prácticas calificadas como apartheid o genocidio, alineándose con el movimiento global de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Esta iniciativa sigue a acciones anteriores de desinversión de Providence, incluyendo los combustibles fósiles en 2013 y empresas vinculadas al genocidio sudanés en 2006. Si se aprueba, Providence sería la primera ciudad de EE. UU. en promulgar una resolución vinculante de desinversión por voto popular.

Los partidarios ven la medida como una forma de defensa no violenta para los palestinos, inspirada en luchas históricas como el movimiento antiapartheid de Sudáfrica. Enfatizan la necesidad de separar la crítica legítima a las políticas israelíes del antisemitismo y fomentan la empatía hacia los opositores judíos. Los opositores argumentan que la resolución es poco práctica y puede amenazar las pensiones públicas. Se esperan desafíos legales, pero los defensores ven las batallas judiciales como oportunidades para aumentar la conciencia pública y avanzar en los esfuerzos de resistencia no violenta.