Un juez federal bloqueó la decisión de la administración Trump de reasignar fondos federales de seguridad nacional destinados a desastres, que afectaba principalmente a estados gobernados por demócratas que se negaban a cooperar con ciertas políticas federales de inmigración. La medida buscaba penalizar a estos estados por no colaborar con las autoridades migratorias, redistribuyendo los recursos a otros estados que sí cumplían con los requisitos establecidos por el gobierno federal. Sin embargo, el juez determinó que esta acción era ilegal y ordenó la restauración inmediata de los fondos a los estados afectados. Esta resolución representa un revés para la administración Trump en su estrategia de presión sobre estados con políticas migratorias más flexibles, y reafirma la protección de recursos federales destinados a la gestión de emergencias y desastres, independientemente de las diferencias políticas o de cooperación en materia migratoria. La decisión tiene implicaciones importantes para la relación entre el gobierno federal y los estados, especialmente en temas sensibles como la inmigración y la distribución de fondos públicos.