El artículo editorial critica la gestión de Rachel Miller, presidenta saliente del Concejo Municipal de Providence, señalando un aumento del 66 % en el presupuesto administrativo del Concejo durante sus cuatro años al frente, sumando más de un millón de dólares en salarios y beneficios pese a las dificultades financieras de la ciudad. El Concejo, compuesto por concejales que reciben un salario modesto y son considerados empleados a tiempo parcial, cuenta ahora con 17 empleados de staff, más que los propios concejales, y Miller duplicó el salario de su nuevo jefe de personal, quien fue arrestado dos veces y estuvo involucrado en gastos cuestionados con la tarjeta de crédito del Concejo, incluyendo pagos a eventos de la organización Democratic Socialists of America (DSA) que fueron rechazados por el auditor por ser gastos políticos. Además, Miller creó un comité para controlar las finanzas tras no contar con el apoyo de su presidente de finanzas y se muestra alineada con el sindicato de maestros en su oposición a las escuelas charter, tema relevante en las próximas elecciones locales. El Concejo aprobó una ordenanza de control de rentas que el alcalde vetó, generando debate sobre su impacto negativo en la oferta y calidad de vivienda. El texto concluye que Providence necesita funcionarios que prioricen el bienestar general y administren con prudencia los recursos públicos.